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A PROPOSITO DE LA PARTICIPACION POPULAR
A partir del 5 de agosto de 1993, el proceso de transformaciones sociales, políticas y económicas -desplegado en la última década al compás de la aplicación del ajuste estructural y de la consolidación de la democracia representativa- ingresó a una dinámica especial puesto que el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada ha encarado, de manera global, la reformulación de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. Para alcanzar ese propósito, se han definido nuevas pautas de organización y funcionamiento del aparato gubernamental (Ley de Ministerios), un novedoso mecanismo de privatización y reactivación de las empresas públicas (Ley de Capitalización), una otra estrategia de formación de recursos humanos (Ley de Reforma Educativa) y una nueva red de mediaciones entre lo privado, lo público y lo estatal, en torno a la gestión social del desarrollo (Ley de Participación Popular). En torno a este núcleo de medidas, se ha producido una verdadera avalancha de disposiciones jurídicas y elaboración de pautas normativas que pretenden otorgarle racionalidad a la reproducción social y al accionar estatal.
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