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El "Informe de las Organizaciones de los Pueblos Indígenas de las Tierras Altas y las Tierras Bajas del Estado Plurinacional de Bolivia para el Examen Periódico Universal (EPU) 2019" es un documento crucial elaborado por las propias organizaciones indígenas, de manera autónoma, para ser presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Propósito del informe
El objetivo principal de este informe era evaluar el grado de cumplimiento por parte del Estado boliviano de las recomendaciones que le fueron hechas en el Examen Periódico Universal (EPU) de 2014, específicamente en lo que respecta a los derechos humanos de los pueblos indígenas.
El informe es una herramienta de incidencia política y de monitoreo, elaborada por las organizaciones para contrastar la versión oficial del gobierno con la situación real de los pueblos indígenas en el país.
Principales preocupaciones y hallazgos
El documento identifica tanto avances como retrocesos y desafíos pendientes en la protección de los derechos indígenas. Entre las preocupaciones más importantes, destacan:
Pobreza: A pesar de una reducción general de la pobreza en el país, el informe señala que la brecha entre la población indígena y la no indígena aumentó. Además, critica la falta de datos desagregados por género y etnicidad, lo que impide el diseño de políticas públicas diferenciadas y efectivas.
Desarrollo y recursos: Se denuncia que el Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Naciones Originarias y Comunidades Campesinas (FONDIOC) fue intervenido por el gobierno, y los proyectos no son definidos con la participación de las organizaciones indígenas, impidiendo que estos se beneficien directamente de los recursos.
Territorio y medio ambiente: El informe aborda las preocupaciones sobre la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios ancestrales, especialmente por la expansión de actividades extractivas como la minería del oro.
Autonomía y libre determinación: Se evalúa la situación de la autonomía indígena, un derecho reconocido en la Constitución boliviana, y se cuestiona la implementación de este proceso.
Leyes y marco legal: Se señala la existencia de leyes que, en la práctica, limitan la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil de operar libremente y que son utilizadas para hostigar a los líderes y defensores de los derechos indígenas.
En resumen, el informe de 2019 presenta una visión crítica desde la perspectiva de los pueblos indígenas, destacando que, a pesar de los avances legales, persisten serias dificultades en la implementación de las políticas que garantizan el ejercicio pleno de sus derechos colectivos e individuales. |