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Resumen: "Libertad religiosa y laicidad en Honduras" – José Ángel Camisón Yagüe
En este estudio, José Ángel Camisón Yagüe analiza la relación entre el Estado hondureño y las religiones, enfocándose en los principios de libertad religiosa y laicidad. Examina tanto el marco jurídico-constitucional como la realidad social del país, y plantea desafíos y tensiones entre ambos principios.
Ideas principales del texto:
Marco constitucional de la libertad religiosa
La Constitución de Honduras reconoce y protege la libertad religiosa como un derecho fundamental.
Este derecho incluye la libertad de creer, no creer, practicar, cambiar o manifestar públicamente una religión o creencia.
Laicidad del Estado
El Estado hondureño se define formalmente como laico, es decir, no confesional y neutral frente a las religiones.
La laicidad implica que no debe haber una religión oficial, ni favoritismos hacia ninguna confesión religiosa.
Tensiones entre laicidad y realidad práctica
Aunque el marco legal establece la laicidad, en la práctica existen privilegios históricos y simbólicos hacia la Iglesia católica, así como una creciente influencia de iglesias evangélicas.
Camisón Yagüe critica la presencia de símbolos religiosos en espacios públicos y la participación de líderes religiosos en actos oficiales, lo que contradice el principio de laicidad.
Educación y religión
Uno de los campos donde más se evidencia la tensión entre laicidad y libertad religiosa es en el sistema educativo.
El autor defiende la necesidad de una educación pública laica, que respete la diversidad de creencias sin imponer doctrinas religiosas.
Propuesta de equilibrio
Camisón Yagüe no propone eliminar la religión del espacio público, sino garantizar un equilibrio real entre libertad religiosa y laicidad.
Esto implica proteger el derecho de todos a creer o no creer, pero sin que el Estado promueva ni favorezca ninguna religión en particular.
Conclusión:
José Ángel Camisón Yagüe destaca que Honduras se enfrenta al reto de hacer realidad un Estado verdaderamente laico, donde se garantice la libertad religiosa de todas las personas sin interferencia del Estado ni privilegios para ciertas confesiones. Para lograrlo, es necesario fortalecer la neutralidad estatal, especialmente en la educación, la legislación y los actos públicos, en armonía con el respeto a la diversidad religiosa del país.
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