La nueva ley de extranjería ( Ley Orgánica 4/2000) introduce el cambio decisivo respecto a la anterior: amplía notablemente los derechos y libertades, reconoce la reagrupación familiar, prevé la existencia de permisos permanentes de trabajo y residencia, modifica drásticamente el sistema de infracciones y sanciones, agrava los delitos de tráfico de inmigrante y orienta las políticas públicas que deben analizar todas las instituciones, centrales, autonómicas y locales. En conjunto, la nueva ley representa la aceptación de una inmigración estable en España y la creación de unas condiciones dignas que faciliten la integración de los trabajadores extranjeros.