En 1962 publicó Díez-Picazo un artículo titulado El negocio jurídico del Derecho de Familia (en la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, XLIV) en que pretendió dar entrada en esta parcela del Derecho privado a los efectos propios de la autonomía de la voluntad. Hubo que esperar unos años hasta que la Constitución de 1978 abriera el camino para esa autonomía, en el que dio el paso fundamental la Ley 30/1981, de 7 de julio, al reformar la regulación del matrimonio y, en lo que ahora nos importa, la nulidad, la separación y el divorcio y, sobre todo, los efectos comunes a los mismos.