Desde la promulgación de la Constitución de 1978 que puso cimiento para la superación de los viejos conceptos de honor incitos en la legislación penal y predominantes en la jurisprudencia del tribunal supremo, la doctrina administrativa, constitucional, civil y penal, han venido realizando numerosos esfuerzos cuyo resultado ha sido una innumerable cantidad de publicaciones al respecto dirigido a delimitar, en los supuestos de conflictos, los campos propios del derecho al honor, por una parte, y de las libertades de expresión e información por otra.