La justificación de la ejecución forzosa es evidente y reside en la necesidad de que en un Estado de derecho las resoluciones judiciales u otras a las que el legislador atribuye la misma virtualidad, no quedan reducidas a mera declaraciones retóricas o abstractas desprovistas de sentido o eficacia. Si el estado como ya se ha dicho en reiteradas ocasiones, prohíbe a los ciudadanos la autotutela como forma de satisfacción de sus derechos, a su vez, articular los instrumentos necesarios para que los mismos sean plenamente satisfechos por la vía procesales adecuada.