El derecho penal, desplazando a la política, ha asumido definitivamente la función de gestión del estado con convirtiéndose en una herramienta natural contra la subversión interna de los auto exclusivos del contrato social. En este formato se desenmascara la realidad de la democracias escéptica que han dejado atrás la referencia a los derechos humanos y la neutralidad de las reglas jurídicas. La responsabilidad penal individual por el hecho es sustituida por otra categoría, el peligro potencial del colectivo en el que se integra el sujeto decidente; en consecuencia, las sanciones asumen el papel que se atribuye a las medidas de seguridad predictuales, es decir, garantizar la seguridad cognitiva de los ciudadanos.