El presente trabajo aborda el análisis jurídico del denominado "Caso terrorismo", que terminó con la vida de Eduardo Rosza Flores, Arpad Magyorosi y Michael Martín Dweyr, hecho ocurrido en Santa Cruz de la Sierra el 16 de abril de 2009, durante el gobierno de Evo Morales. La investigación establecerá que, a partir de estos hechos, se apertura un proceso judicial en la ciudad de La Paz, pese a que todo sucedió en pleno casco viejo de Santa Cruz de la Sierra. De ahí que en este caso, desde el principio, el proceso judicial lejos de garantizar los derechos de los acusados, se los ha vulnerado así como las garantías básicas y los derechos humanos que reconocen la Constitución, los Convenios y Pactos Internacionales. El trabajo buscará demostrar, entonces, que en este proceso se han vulnerado las garantías del debido proceso en su componente el juez natural, así como los derechos humanos y las garantías constitucionales de los acusados.