El libro "Transmisiones de Bienes Fraudulentas (Aspectos Civiles y Penales de la Estafa Impropia)" de Antonio Ocaña Rodríguez es una obra que aborda de forma integral una problemática compleja en el Derecho: la venta o enajenación de bienes que se realiza de manera fraudulenta, lesionando los derechos de terceros, especialmente en contextos de ejecuciones hipotecarias o embargos. Aunque no se especifica la fecha de publicación, este tipo de estudios suelen ser posteriores a las reformas procesales y penales que buscan combatir este tipo de delitos. La obra se estructura en un análisis dual, civil y penal, lo que le confiere un valor añadido al tratar un mismo fenómeno desde distintas perspectivas jurídicas. Los puntos clave que se abordarían son: Aspectos Civiles Fraude de acreedores y acción pauliana: El autor analizaría el concepto de fraude de acreedores, es decir, aquellas transmisiones de bienes que realiza un deudor con la intención de sustraer su patrimonio a la acción de sus acreedores. Se profundizaría en la acción pauliana o revocatoria (Art. 1111 del Código Civil), que permite a los acreedores impugnar estas transmisiones fraudulentas para que los bienes vuelvan al patrimonio del deudor y puedan ser embargados. Requisitos de la acción pauliana: Se detallarían los presupuestos necesarios para el ejercicio de esta acción: la existencia de un crédito, el perjuicio al acreedor (insolvencia del deudor) y el elemento intencional o presunción de fraude (conocimiento por parte del deudor y del tercero adquirente del perjuicio causado). Terceros adquirentes: Se examinaría la posición del tercer adquirente del bien fraudulento, distinguiendo entre adquirentes a título oneroso y a título gratuito, y la buena o mala fe de estos, lo cual influye en la posibilidad de revocar la transmisión. Simulación contractual: También se abordaría la simulación de contratos (absoluta o relativa) como mecanismo para ocultar una transmisión fraudulenta o para aparentar una situación patrimonial irreal que perjudique a los acreedores. Aspectos Penales (La Estafa Impropia) Delito de alzamiento de bienes (Art. 257 CP): El autor dedicaría una parte central al análisis del delito de alzamiento de bienes, que es la figura penal principal para sancionar las transmisiones fraudulentas. Se examinarían los elementos constitutivos de este delito: el ánimo de frustrar la ejecución de los créditos de los acreedores, la realización de actos de disposición patrimonial y la generación de una situación de insolvencia (real o aparente) del deudor. La "estafa impropia" (Art. 251 del Código Penal): Este es un punto medular del libro. El término "estafa impropia" se refiere a una serie de conductas defraudatorias específicas que, aunque no encajan en el concepto tradicional de estafa (donde hay un engaño previo que genera un error y un acto de disposición por parte de la víctima), sí implican un fraude. Dentro del Art. 251, la obra se centraría en los supuestos que implican la venta o disposición fraudulenta de bienes, como por ejemplo: Disponer de un bien como libre cuando está gravado (hipotecado, embargado, etc.) o venderlo a varias personas (doble venta). Gravar o arrendar una cosa a sabiendas de que ya había sido enajenada por el disponente a otro. Delimitación entre el alzamiento de bienes y la estafa impropia: Ocaña Rodríguez probablemente establecería las diferencias y posibles solapamientos entre estas figuras penales, ya que ambas persiguen actos defraudatorios sobre bienes, pero con matices distintos en cuanto al bien jurídico protegido y los elementos típicos. Criterios jurisprudenciales: Se haría un estudio exhaustivo de la jurisprudencia relevante del Tribunal Supremo y de las Audiencias Provinciales en relación con estos delitos, aportando una visión práctica de su aplicación en los tribunales. En síntesis, el libro de Antonio Ocaña Rodríguez es una herramienta indispensable para entender las ramificaciones civiles y penales de las transmisiones de bienes realizadas con intención fraudulenta. Proporciona un análisis detallado de los mecanismos legales para combatir estas prácticas, tanto desde la perspectiva de la protección de los acreedores como desde la sanción penal de las conductas más graves.