En los últimos años, y en el marco de la Constitución Política del Estado, se han registrado significativos cambios en el ámbito político, social y cultural de Bolivia. Una de las evidentes muestras de ello es el hecho de que los derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos se han convertido en uno de los componentes estratégicos de la actual gestión pública. Es en este contexto político y social, aparentemente favorable, que la población indígena de los pueblos ayoreo, guaraní, chiquitano, guarayo, yuracaré y mojeño, que migró o que nació en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se inserta en una sociedad que registra un acelerado crecimiento poblacional y una estructura económica que se dinamiza, por un lado, a través del comercio, los servicios y las actividades financieras relacionadas con la agroindustria y, por el otro, con actividades de baja productividad, informales y de subsistencia; realidades, ambas, que reflejan la desigualdad social existente en la urbe cruceña. A lo largo del tiempo, la migración de los pueblos indígenas hacia la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se caracterizó por ser un proceso de urbanización que, en algunos casos, se sustentó en la apropiación social y colectiva del territorio urbano en el marco de sus saberes, costumbres y prácticas culturales comunitarias (tal como sucede con los pueblos ayoreo y guaraní); y, en otros casos, dicho flujo migratorio se registró a partir de iniciativas individuales y familiares que, principalmente por razones económicas, implicaron dejar el lugar de origen para insertarse en la vida citadina.