Al concluir el recuento sobre el estado de la protección de los derechos en Bolivia; el resultado no es alentador. Hay déficit con relación a la oferta que proclama el catálogo de derechos en la constitución. Debo reconocer que inconscientemente atribuí el fenómeno a nuestra idiosincrasia; que produce una amalgama de problemas exclusivamente nuestros; sin embargo, sin que esto constituya alivio, la doctrina nos dice que la falta de congruencia entre lo que postulan los gobernantes no guarda congruencia con la conducta que imprime en la acción del gobierno.