El Derecho Administrativo Boliviano es una rama del derecho que regula la organización, funcionamiento y relaciones del Estado con los particulares. En el contexto boliviano, este derecho se articula a partir de normas y principios establecidos en la Constitución Política del Estado, leyes nacionales y la jurisprudencia, buscando garantizar la legalidad, eficacia y equidad en la administración pública. Henry Pérez Oxa es uno de los autores que ha aportado con su visión sobre el derecho administrativo en Bolivia. Su enfoque es particularmente relevante en cuanto a la organización administrativa y la protección de los derechos de los ciudadanos frente a actos de la administración pública. Resumen del Derecho Administrativo Boliviano según Henry Pérez Oxa: Definición y Concepto: El Derecho Administrativo es el conjunto de normas que regulan la administración pública, su organización, competencias y sus relaciones con los administrados. Su objetivo es asegurar que la administración pública actúe dentro del marco de la legalidad, respetando los derechos fundamentales de las personas y promoviendo el bien común. Principios Fundamentales: Principio de Legalidad: La administración pública debe actuar conforme a la ley. Principio de Eficiencia: Se busca que la administración sea eficiente en el uso de recursos y en la prestación de servicios. Principio de Imparcialidad: La administración debe actuar sin discriminación y con objetividad. Principio de Transparencia: La administración debe ser transparente en su funcionamiento y en la toma de decisiones. Organización Administrativa: El Estado se organiza en diversos órganos y entidades públicas, tales como ministerios, secretarías y organismos autónomos, todos los cuales deben cumplir con funciones específicas determinadas por la Constitución y la ley. Los funcionarios públicos tienen un rol clave en el funcionamiento de la administración, y su actuación debe estar siempre enmarcada dentro de la normativa vigente. El Procedimiento Administrativo: Es el conjunto de trámites y actos que la administración pública sigue para tomar decisiones en relación con los derechos de los ciudadanos. La legislación boliviana establece una serie de garantías procesales que buscan proteger los derechos de los administrados, tales como la notificación, audiencia y revisión de actos administrativos. Control de la Administración: El control de la administración pública en Bolivia es ejercido tanto internamente (por parte de órganos de control como la Contraloría General del Estado) como externamente (a través del sistema judicial, mediante recursos administrativos y judiciales). Existen mecanismos para la impugnación de actos administrativos que se consideran ilegales o abusivos, asegurando la protección de los derechos de los ciudadanos. Responsabilidad de la Administración: La administración pública es responsable por los actos que realiza, especialmente cuando se trata de actos ilegales o que causan daño a los particulares. Existen mecanismos de reparación, indemnización o compensación en caso de daño derivado de la actividad administrativa. Derechos de los Administrados: Los ciudadanos tienen una serie de derechos frente a la administración pública, como el derecho a la igualdad, el derecho a ser escuchados, el derecho a la defensa, y el derecho a la información pública, entre otros. La administración debe garantizar la protección de estos derechos a través de un actuar conforme a la Constitución y las leyes. Conclusión: El Derecho Administrativo en Bolivia es una disciplina fundamental para el desarrollo de un Estado democrático, transparente y eficiente. El enfoque de Henry Pérez Oxa subraya la importancia de la legalidad y la justicia en el actuar del Estado, garantizando que sus funciones sean desarrolladas respetando los derechos de los ciudadanos. La estructura del derecho administrativo boliviano está basada en principios como la transparencia, la eficiencia y la imparcialidad, y busca fortalecer los mecanismos de control y responsabilidad dentro de la administración pública. Este enfoque ayuda a crear un equilibrio entre la autoridad del Estado y la protección de los derechos de las personas frente a decisiones administrativas.