La reforma "permanente" de la función pública: resumen de una década de acontecimientos normativos. En el momento en que escribimos estas líneas nos encontramos aún inmersos en el proceso de reforma de la normativa reguladora de la función pública, que, lejos de acabar -lo que parecería lógico si tenemos en cuenta que son ya diez los años de reforma continua que hemos vivido en la materia-, parece intensificarse en los últimos meses. Cabe preguntarse, pues, el por qué de este estado de la cuestión, cuando nos encontramos ante un sector normativo de la importancia estratégica del que nos ocupa. O dicho de otro modo, ¿por qué un estado de "reforma permanente" del ordenamiento funcionarial cuando existe un claro mandato constitucional respecto de la elaboración de un estatuto funcionarial, es decir, respecto de la obligación del legislador de dictar una disposición estable en la materia, con vocación de perdurar en el futuro? La explicación se encuentra en la manera en que fue enfocada esta cuestión en 1984, y en la persistencia de este modo de analizar la problemática funcionarial por los distintos gobiernos que se han venido sucediendo en el poder desde entonces. En 1984 se produjo la que puede calificarse como tercera reforma funcionarial en importancia de los últimos cien años, pero a diferencia de la de Maura, a comienzos de siglo, y de la de 1963-1964, no se ha querido plantear como una reforma que fuera a la vez un programa legislativo y un estatuto normativo, sino como "una serie de medidas de urgencia que hicieran el efecto de tratamiento curativo de los males padecidos por la función pública española", no "el diseño final del proceso", en palabras del ministro MOSCOSO en la presentación del Proyecto de Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública en el Congreso, sesión plenaria de 14 de febrero de 1984.