Este sistema de gestión y resolución alternativa de conflictos de naturaleza penal, se inserta en el seno del proceso penal, no solo para que se garanticen los derechos y garantías procesales constitucionalmente reconocidas, sino para lo que los riesgos que pueda aparecer respecto a los posibles situaciones de intimidación hacia la víctima por parte de la persona acusada, pues actitudes de la víctima exigiendo actos de reparación de proporcionado que excedan de los límites legales, puedan ser totalmente corregidos con la intervención del juez, el ministerio fiscal, el abogado defensor y del mediador.