El libro "La responsabilidad patrimonial del Estado, especial referencia a la responsabilidad del Estado legislador" del autor Vicente Garrido Mayol, publicado por Tirant lo Blanch en 2004, es una obra crucial que aborda la evolución y el alcance de la responsabilidad del Estado en el derecho administrativo, con un énfasis particular en la posibilidad de exigir indemnización por daños derivados de la actividad legislativa. También, aborda en profundidad la compleja cuestión de cuándo el Estado debe indemnizar a los particulares por los daños que les causan sus actuaciones, con un enfoque particular en la responsabilidad generada por las leyes. Aquí tienes un resumen de los puntos clave: 1. La Responsabilidad Patrimonial General del Estado El autor parte de la noción general de responsabilidad patrimonial del Estado, que implica que la Administración Pública, en su funcionamiento normal o anormal, puede causar daños a los ciudadanos que no tienen el deber jurídico de soportar. En estos casos, el Estado debe indemnizar. Se analizan los distintos títulos de imputación para reclamar esta responsabilidad, que van desde la actuación culpable o negligente de la administración (actos ilegales, funcionamiento anormal del servicio público) hasta la responsabilidad objetiva sin falta (daños por funcionamiento normal del servicio, creación de situaciones de riesgo, actos no fiscalizables). 2. La Novedad y Complejidad de la Responsabilidad del Estado Legislador El punto central de la obra es la responsabilidad del Estado legislador, una figura que históricamente ha generado mucha controversia y reticencia por parte de los tribunales. La idea tradicional de la soberanía del legislador y la inviolabilidad de la ley dificultaban su reconocimiento. Sin embargo, la evolución hacia el Estado Social de Derecho y la consolidación del principio de supremacía constitucional han modificado este panorama. El legislador, al igual que los demás poderes públicos, está sometido a la Constitución. 3. Orígenes de la Responsabilidad del Legislador Garrido Mayol explica que la responsabilidad del Estado legislador puede originarse principalmente por dos vías: Vulneración de la Constitución: Cuando una ley causa un daño antijurídico por ser contraria a la Constitución española. Contrariedad al Derecho de la Unión Europea: Cuando una ley nacional contradice el derecho comunitario, generando un perjuicio a los particulares. 4. Requisitos y Desafíos para su Reconocimiento El autor profundiza en los requisitos para que se declare la responsabilidad del Estado legislador, destacando: Antijuridicidad del daño: El daño causado por la ley debe ser "antijurídico", es decir, el particular no tiene el deber jurídico de soportarlo. Esto es crucial y a menudo difícil de determinar. Concreción de los actos legislativos reclamables: No toda ley puede ser objeto de reclamación. Se excluyen, por ejemplo, las leyes de naturaleza expropiatoria, que ya tienen un régimen específico de indemnización. Condicionamiento a la previsión expresa del legislador: El autor aborda la problemática de si es válido condicionar el pago de la indemnización a que el propio legislador que causó el daño haya previsto expresamente esa posibilidad, un aspecto que ha generado debate y ha sido superado en gran medida por la jurisprudencia. Efectos de la imputación: Se analiza a quién corresponde reparar el perjuicio, especialmente cuando la norma que lo provoca debe ser aplicada por otro sujeto. 5. Evolución Jurisprudencial (Especialmente del Tribunal Supremo Español) El libro traza la evolución de la jurisprudencia sobre esta materia, especialmente del Tribunal Supremo español. Inicialmente, el Supremo fue reacio a reconocer esta responsabilidad, limitándola a casos muy excepcionales como la vulneración del principio de confianza legítima. Sin embargo, con el tiempo, la jurisprudencia ha avanzado hacia un reconocimiento más amplio, entendiendo que el poder legislativo no está exento de someterse a la Constitución y que puede generar responsabilidad patrimonial por su actuación. En síntesis, Vicente Garrido Mayol en su obra expone cómo la responsabilidad patrimonial del Estado, y en particular la del legislador, es una garantía fundamental para los ciudadanos en un Estado de Derecho, donde ningún poder público está por encima de la ley y de la Constitución, y donde el daño antijurídico debe ser reparado.