La ley 1/2000 introduce modificaciones sustanciales en el ámbito del enjuiciamiento civil que pueden resumirse en las dos pretensiones que el propio legislador parece establecer como pautas que han orientado su comportamiento: por un lado, la introducción de la oralidad como principio procedimental básico, oralidad que trae como consecuencia una mayor rapidez y menor costo del proceso, por otro lado, la modernización de nuestras instituciones procesales bien por estar precisadas de reforma dada su vetusted o bien, por algunas estamos ausentes de la ley por haberse incorporado a la realidad por vía jurisprudencial.