Solo la justicia y la aplicación de la ley, tanto para el ciudadano como para el juez, pueden constituir una garantía moral y una virtud ética ya que la justicia está inclinada a dar a cada uno lo que corresponde, y la aplicación de la ley implica que el mecanismo de justicia administrado por el hombre, esté debidamente organizado y conformado con profesionales caracterizados por su ética e idoneidad; y entre ambas condiciones civilizadas se debe precautelar la garantía y virtud social así exigida para eliminar la corrupción.