Aunque en los últimos dos años la reforma que ha experimentado la regulación legal de las consecuencias jurídicas de delito están muy lejos de alcanzar la intensidad de las que se dieron en 2003, no obstante la aprobación de un par de ellas creo que justifica sobradamente esta nueva edición con una vez agotada las diferentes reinfecciones de la primera. Me refiero concretamente a la ley orgánica uno 2004, de 28 de diciembre, de las medidas de protección integral contra la violencia de género y al Real decreto 515 2005, del 6 de mayo, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de los de calificación permanente, de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad.