El Nuevo Código de Procedimiento Penal, cuya vigencia plena se inició el 31 de mayo del 2001, ha supuesto importantes transformaciones del orden jurídico penal boliviano: integración normativa de los tratados sobre Derechos humanos, amplios instrumentos de garantía, oralidad y participación ciudadana, respeto de la diversidad cultural, por citar algunos de sus aspectos centrales. En suma, se trata de una profunda reforma destinada a romper en forma definitiva con un proceso penal que había hecho crisis y que en sí mismo constituía una condena para los procesados.