La encrucijada del derecho penal moderno, el Principio de Mínima Intervención o de Última Ratio emerge como un faro de justicia equitativa, iluminando la senda hacia una aplicación del poder punitivo estatal mensura y justa. Este principio, piedra angular de un sistema penal que se precie de ser humano y racional, aboga por una restricción del derecho penal a aquellos casos en los que sea absolutamente necesario, reservándolo como el último recurso ante situaciones conflictivas que amenacen bienes jurídicos fundamentales. La relevancia de este principio en el contexto boliviano no puede ser subestimada. En un país donde la justicia penal enfrenta desafíos únicos, desde la sobrepoblación carcelaria hasta la prolongada pre- trial detención, la mínima intervención ofrece un marco crítico para evaluar y redireccionar las prácticas judiciales