El libro señala cómo la Ley Marco de Autonomías y Descentralización distorsionó el proceso autonómico constitucional, sobre competencias medulares como la salud, educación, deportes, telecomunicaciones, juegos de azar, seguridad ciudadana, vivienda y vivienda social, recursos de hidrocarburos y la creación de impuestos y otras asignándolas en forma desproporcionada en favor del nivel central del Estado, apartándose de lo establecido por el artículo 271 y 297-1 de la constitución sobre las competencias concurrentes y compartidas, principalmente.